Tilsa, el ‘loco’ Vargas y el valor de la morbosidad

El programa que se difundirá este sábado acerca de Tilsa Lozano y Juan Vargas –si la justicia lo permite– es el mejor ejemplo del uso más aberrante y monetario de la libertad de expresión, de la irresponsabilidad social de un medio de comunicación y de un Estado que sigue pensando que regular contenidos no le compete o es sinónimo de censura y dictadura.

Derechos y deberes esenciales

Las reglas básicas y fundamentales de la sociedad peruana se encuentran en su Constitución, y para este caso son importantes destacar tres:
  • Toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento.
  • Toda persona tiene derecho al honor, la buena reputación y la intimidad personal y familiar.
  • Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural.
La lucha entre la libertad de expresión -vociferada usualmente por la prensa- y el honor, la buena reputación, la intimidad y la colaboración de los medios con la educación y formación moral y cultural del país, son constantes. ¿Cuál debe prevalecer? El artículo 19.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión “entraña deberes y responsabilidades especiales y por lo tanto pueden estar sujetas a restricciones establecidas por ley y que sean necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral pública”. El fundamento 11 de la Sentencia del Tribunal Constitucional Exp Nº 3362-2004-AA/TC dice lo siguiente:

“… La insistencia de nuestra Norma Fundamental en los medios de comunicación social se debe justamente a la tangible preocupación por la responsabilidad que acarrea su actuación en la sociedad. (…) en el artículo II del Título Preliminar de la Ley de Radio y Televisión, Ley 28278, se reconoce que la prestación de los servicios de radiodifusión, por medio de comunicación masiva, debe regirse, entre otros, por la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad, la libertad de información veraz e imparcial, la tutela del orden jurídico democrático, la promoción de los valores y la identidad nacional, y, claro está, por la responsabilidad social de los propios medios (…) esta autonomía en el ejercicio periodístico no nos puede llevar al libertinaje de la información, caracterizado por violar la Constitución y/o los derechos fundamentales, sino una actuación adecuada y responsable. Libertad y responsabilidad van de la mano”.

La última oración lo resume todo: la libertad y la responsabilidad van de la mano. Javier Darío Restrepo decía que los medios sensacionalistas “elevan las cifras de sintonía, pero son prescindibles. Se hace para empresas capaces de negociarlo todo pero que no van más allá de eso: solo son negocios que permanecen mientras haya ganancia y luego desaparecen en busca de otros negocios. Para este periodismo la libertad de expresión vale y se invoca si permite la libertad de empresa y el florecimiento de los negocios. La libertad solo tiene esa dimensión”.

El morbo

¿El valor de la verdad genera algún valor? “Pero es lo que a la gente le gusta”, responderán algunos; “pero el gusto de la gente se moldea a partir de lo que le ofreces”, dirán otros. En el juego del huevo o la gallina, la responsabilidad lo tiene quien tiene un título profesional, de quien ejerce el mayor nivel de influencia. Nos lo dice el sentido común, la educación profesional, y la Constitución.

“Hay un periodismo de inferior calidad que se limita a dar respuesta a los sentidos de la vista y del oido. Muestra y deja oir; por tanto sirve a las sensaciones y por eso se llama sensacionalista. Sólo tiene en cuenta una parte del ser humano: sus sentidos. Este periodismo está atento a satisfacer la curiosidad y el morbo de las personas, se desvive por entretenerlas y es tan efímero como cualquier sensación que desaparece y es olvidada en el momento en que llega otra sensación.” (Javier Darío Restrepo)

El morbo, según la RAE, es el interés malsano por alguien o algo, una atracción hacia acontecimientos desagradables. Por eso cuando se muestran programas como “El Valor de la Verdad” se evidencia que existe una libertad de expresión opacada por la libertad de empresa, un nivel de entretenimiento que falta el respeto a los televidentes, y un interés monetario cortoplacista que no busca mejores personas a futuro.

El valor monetario de la verdad

otros-001-evdlv Tilsa Lozano, según se cuenta, cobró 20 mil soles para sentarse en el programa y negoció los 50 mil soles para crear un show mediático que dure por lo menos dos semanas. En total, son 70 mil soles de pasivo para Frecuencia Latina. Sumando groseramente otros costos más, podríamos dejarlo en un costo total de unos 300 mil soles por programa. La tarifa estándar de Frecuencia Latina para el horario estelar es 250 dólares de costo por punto de rating (CPR) para un aviso de 30 segundos (probablemente en el caso específico del programa en mención, debe llegar a los 280 dólares). En otras palabras, si la última edición del programa obtuvo 19 puntos de rating, eso genera un ingreso de unos 5 mil dólares por spot publicitario (unos 13 mil soles). Asumiendo conservadoramente que se difunden ocho spots cada quince minutos por las dos horas de dura el programa, tenemos 64 spots a un costo de 13 mil soles. ¿El resultado? 832 mil nuevos soles. Sin ninguna representatividad estadística y a ojo de buen cubero, cada edición de El Valor de la Verdad genera una ganancia de algo más de medio millón de soles. No es para nada reprochable que un programa de televisión busque la mayor rentabilidad de su negocio, salvo que lo vea solo como un negocio y actúe en contra de la Constitución, de la Ley de Radio y Televisión, de Pactos Internacionales, de sentencias del Tribunal Constitucional, de la ética periodística, del honor y reputación de los involucrados y, sobre todo, del deseo de que los televidentes se conviertan en mejores personas.

Mi queja

En setiembre de 2012, para hacer el ejercicio de ser alguien que no solo escribe posts y se queja en redes sociales sino que ejerce su derecho y deber ciudadano, presenté mi queja formal a Frecuencia Latina por el programa El Valor de la Verdad. Siete meses después, incumpliendo los plazos que de por sí ya son objeto de una multa, el Tribunal de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) decidió amonestar al canal. Para que se pueda entender la palabra amonestación en el contexto legal y en este en particular, significa en buen castellano “Frecuencia Latina: has infringido la Constitución, la Ley de Radio y Televisión, los Pactos Internacionales, etc., pero no te voy a multar, solo te digo que has obrado muy mal”. Un par de semanas después, en mayo de 2013, presenté mi denuncia formal a la Dirección General de Control y Supervisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), como lo dicta la Ley de Radio y Televisión. Hasta hoy sigo esperando. ¿Cuál es mi motivación detrás de todo esto? Satisfacer mi curiosidad personal y confirmar que, como están las cosas hoy por el rol de los medios de comunicación y la anestesia del Estado en su obligación de regularlos, todo lo que podemos avanzar en la educación formal (colegios, universidades y núcleo familiar), lo pierdes en un instante cuando prendes el televisor, algo que lo hace el 99% del Perú Urbano.
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